Guerra de resolutivos de la SCJN entre el Ejecutivo y el Legislativo en BCS

La Paz, BCS.-Como nunca antes se había visto, en Baja California Sur se ha desatado una guerra jurídica entre los Poderes Ejecutivo y el Legislativo, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el fiel de la balanza, ya que sus resolutivos dan la razón a uno u otro bando, en un conflicto que se antoja interminable, al menos en el año que le queda en funciones a ambas instancias.

Luego de que el gobernador, Carlos Mendoza Davis, pidió a la mayoría de 13 diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y afines, la restitución inmediata de los cinco diputados “ilegalmente destituidos”, los diputados respondieron con la dilación de la reinstalación de los legisladores de oposición.

El retorno de los diputados cesados debía darse el jueves 24 de septiembre, pero aparentemente se irá hasta el martes 29, al suspenderse la sesión del martes 22 “por cuestiones de agenda”, que impidió abordar este punto.

Después vino un intercambio de resolutivos de la Corte, ya que el martes los diputados morenistas celebraron que se les concedió la suspensión solicitada, para que el Ejecutivo no retenga los recursos destinados al Congreso, pero este miércoles, nuevamente la SCJN concedió otra suspensión para que el Congreso no ejecute la resolución del 22 de agosto; es decir, que se suspenda la destitución de cinco diputados, validando lo determinado por el Juzgado Segundo de Distrito.

Mientras tanto, la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, del Partido Humanista, y que es una de las que deberán ser reinstaladas, manifestó que ella no ha sido notificada para ocupar su curul, a pesar de que el Juzgado Segundo de Distrito determinó un plazo de 24 horas a partir de la notificación, que ocurrió el pasado jueves 17 de septiembre, a las 15:00 horas, por lo que considera que el plazo venció el viernes 18 a la misma hora.

Sin embargo, debido a que la resolución de la Juez habla de requerir “a las Comisiones responsables” para que revoquen la resolución del juicio político del 22 de agosto, los diputados morenistas y afines argumentaron que las Comisiones no tienen facultad para revocar una resolución del Pleno, por lo que las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y la  Instructora de Juicio Político, remitieron al Juzgado de Distrito un escrito, mediante el cual instruyen a la Mesa Directiva del Congreso para que inicie dicho procedimiento.

En tanto, la suspensión de la Suprema Corte para que el Ejecutivo, indica que por sí o a través del Secretario de Finanzas, se abstenga de “retener, interrumpir, afectar o suspender la entrega de los recursos que del presupuesto corresponden al Congreso del Estado”, es una medida que deberá surtir efecto de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, pero se desconoce cuál será la respuesta del gobierno estatal.

Como ha ocurrido con todos los resolutivos de los Tribunales, de uno y otro bando, cada grupo interpreta a su manera, y en este caso, en diputado Humberto Arce Cordero, del grupo de Morena, sostuvo que con esta decisión de la SCJN se reconoce como Auditor Superior del Estado, a Julián Galindo Hernández, en lugar del inauditable, Julio César López Márquez, a quien ya le desecharon una solicitud de amparo.

A través de la cuenta CongresoAhora, del Congreso del Estado, Humberto Arce establece que la Suprema Corte instruye al Ejecutivo para que se abstenga de retener los recursos de la Auditoría Superior y que éstos se depositen en las cuentas proporcionadas por el nuevo auditor.

Y como si se trata de vencidas, este miércoles, también la SCJN concedió la suspensión para que no se ejecute la resolución del 22 de agosto; es decir, que se suspenda la destitución de los cinco diputados.

Cabe hacer mención que en este caso, la Corte hace alusión que basa su decisión en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Congreso del Estado, por lo que no toma en cuenta la Ley Orgánica a la que tanto recurren los diputados de Morena y que fue aprobada por ellos mismos, en el mes de junio, en plena pandemia y el entramado legal que no ha podido ser resuelto. (Por: Arturo Nieves).